El rol del abogado

Como futuros abogados creemos que en estos tiempos que corren, es trascendental analizar la real función que tenemos como alumnos o que tendremos como abogados en un pueblo que necesita imperiosamente profesionales adecuados para su progreso.

La finalidad del estudiante de derecho no puede solo limitarse a aprender y emplear la técnica jurídica, es necesario que ella se utilice para la construcción de herramientas adecuadas con la cual el estudiante contribuirá en el futuro a su comunidad para su realización, intentando un desarrollo en equidad y justicia social.

El rol del abogado, en nuestra óptica, consiste en asistir y defender a las personas frente a los distintos intereses que minimizan o violan sus derechos provenientes tanto del sector público como el privado. Esta profesión debe formar y construir un real progreso en el perfeccionamiento de la justicia generando la capacidad acorde de jueces, fiscales, secretarios etc. Asimismo es de inexorable necesidad participar en el ámbito de creación de leyes, el abogado tiene la obligación de aportar soluciones legislativas para las distintas controversias sociales. Porque hoy el profesional que se forma es el de una persona con ciertos conocimientos técnicos (la guía de estudios) que sirve de mano de obra barata para los estudios jurídicos y resulta funcional a esos intereses que transgreden y desvirtúan hasta reducirlos a un limite desesperante a los derechos y garantías constitucionales. Como contrapartida a esto creemos que la función social del abogado es la de conformar un proyecto de sociedad mas justa, participativa y democrática, contribuir a la evolución de esta sociedad atiborrada de sufrir atropellos cotidianamente, y propugnando un verdadero cambio social.

Nos formamos para acercar la justicia al resto de la sociedad, para hacer de la justicia una práctica y no una teoría aprendida en un laboratorio llamado “universidad” mediante textos y clases magistrales. Un déficit preocupante se produce en la facultad, como formadora de verdaderos profesionales y en nuestro centro de estudiantes, órgano gremial del estudiantado, que debería ser parte activa y decisiva de la vida académica.

Lo cierto es que la formación debe darse inmersa en la realidad nacional; sería apropiado conocer las posturas de la facultad como institución o del centro de estudiantes ante cuestiones atinentes a la reforma del código penal o la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, entre otras.

Resultaría imprescindible la posibilidad de realizar practicas profesionales desde el primer año de la carrera, así el estudiante contrasta lo aprendido en clase con las realidades que conlleva la práctica (violencia domestica, inmigrantes, despidos laborales, presos por portación de rostro, etc) pero parece que lo importante es egresarse y no se tiene en cuenta que una vez recibido, los imponderables crecen día a día y el ejercicio de la profesión se hace frustrante. Entonces padecemos la explotación por parte de estudios jurídicos, con abogados que nos contratan y nos imponen la violación de gran cantidad de leyes laborales y así, cuando muchos de ellos se paran frente a un curso (algo que debería estar prohibido, debería expulsarse a los docentes que explotan a los estudiantes) y dan clases con una reserva moral impoluta no pueden comprender lo pernicioso de sus actos.

Por todo esto si no hacemos algo hoy para cambiar tan fatídico e inefable destino, no podríamos perdonarnos. El riesgo que conlleva este contexto y que deberíamos preocuparnos por cambiar no es la de “no llenar las necesidades del mercado”, sino uno mucho mas profundo: esta universidad no forma hoy a los profesionales para cumplir el rol que esta sociedad necesita.